Guaraguao ··· Revista de cultura latinoamericana

GUARAGUAO #26
invierno 2007

Diarios de Guayaquil: Ciudad Privatizada

por Xavier Andrade
The New School for Social Research

A inicios del siglo XXI, Guayaquil ha emergido como un referente de gobernabilidad local para otros países de la región gracias a la magia priva-tizadora del espacio público. Siendo la urbe más grande de Ecuador (con aproximadamente dos millones trescientos mil habitantes) y el puerto de exportación más importante en la costa del Pacífico, la ciudad es represen-tada por las elites políticas como una suerte de Ave Fénix: de la decadencia de los gobiernos populistas de los 80 al despegue iniciado en los tempranos 90 bajo el mando de dos líderes del ultraconservador Partido Social Cris-tiano: León Febres Cordero, ex-presidente y alcalde entre 1992 y 2000, y Jaime Nebot (2000-presente), su varias veces fracasado delfín en la carrera por la presidencia y su sucesor en la alcaldía, quien eligió el slogan «Más Ciudad» para promocionar las transformaciones emprendidas. El diario et-nográfico que ensambla este artículo a manera de viñetas sobre una suerte diario de la vida cotidiana en Guayaquil releva el otro lado de la medalla del proceso de renovación urbana: la construcción de «menos ciudadanía». Esta tensión pone sobre el tapete una pregunta frecuentemente borrada del lenguaje de la gobernabilidad local, discurso que domina hoy el debate sobre los destinos de la ciudad y que oculta los sentidos restringidos de ciudadanía que se van imponiendo como correlato de las modificaciones arquitectónicas y administrativas, obliterando los efectos autocráticos de las mismas sobre sus habitantes.

Propagandizada como la «cuarta revolución» de Guayaquil, el modelo de renovación urbana sigue las recetas conocidas: transformación de las zo-nas renovadas en pasarelas turísticas que demandan hipervigilancia y sobre las cuales se construye una imagen de ciudad postal, imagen cuyo éxito se mide por el grado de limpieza sociológica logrado frente a diferentes gru-pos, desde vendedores ambulantes hasta poblaciones marginales y jóvenes sospechosos. El gobierno local opera mediante el establecimiento de un aparato paramunicipal de fundaciones privadas con licencia, en algunos casos, de hasta un siglo para el arbitrario manejo del espacio público. Por ejemplo, el antiguo puerto a lo largo del cual se tejió el tramado urbano original ha sido rebautizado con una marca, «Malecón 2000», cuyo ingreso está limitado mediante reglas de admisión que son aplicadas arbitraria-mente por un ejército de guardianes privados con un nivel de educación comunitaria nulo. El tránsito por parte de los visitantes obedece a la lógica comercial que organiza este espacio: de los shopping malls a los jardines ornamentales, una mirada de vitrina de la ciudad ha sido cautelosamente construida. Así, los ciudadanos se convierten en meros visitantes o con-sumidores en espacios que norman hasta el manejo de sus cuerpos: no parecer pandilleros, no besarse, no sentarse con los pies sobre las bancas, no vestirse como un estudiante, no ser trasvesti, no airear homosexualidad, no ser vagabundo. El malecón sirve como paradigma del paisaje deseado y creado como «metástasis» en otras áreas (la metáfora es oficial), paradigma que convierte a la ciudad en un espacio controlado y privatizado.

Las gestiones socialcristianas han gozado de estabilidad política en un país donde se han turnado una decena de presidentes en pocos años, uno de los cuales fue desplazado por acusaciones de «incapacidad mental». Aunque dicha estabilidad podría verse resquebrajada después de las recientes eleccio-nes de 2007 como resultado de la amplia popularidad de un gobierno oposi-tor a esta tienda política, su estabilidad da cuenta de la hegemonía alcanzada por este proyecto, la misma que se expresa en la degeneración de una esfera pública donde todo tinte crítico ha sido debidamente domesticado, y en la proliferación mediática de nociones de «autoestima» que han servido para apuntalarlo hábilmente y, así, generar consensos. A falta de oportunidades de discusión sobre el devenir de una ciudad en la que los macroproyectos son develados uno tras otro sin previa consulta ni participación democrática, mientras muchas necesidades básicas continúan desatendidas (uno de cada cinco habitantes no tiene acceso a alcantarillado), aquí ofrezco algunas mira-das propias al día a día de las ruinas del espacio y la esfera pública. Estas en-tradas han sido catalogadas en relación a cuatro ejes que se van intersectando –paisaje urbano, seguridad pública, ciudadanía, y prácticas exclusionarias– y buscan provocar un reflejo, actual o futuro, en la morfología política de muchas otras urbes latinoamericanas, contextos donde, gradualmente, las esquinas, las calles y las plazas se vuelven intercambiables.

Paisaje

Agosto 16, 2004: la muerte del centro. Vivo al pie de malecón, en la frontera norte de la zona renovada. Un caminante que goza regularmen-te de las bondades del nuevo centro y que, no obstante, atestigua en sus erranzas su paulatina muerte. De los trabajadores ambulantes de mi zona, uno de los pocos sobrevivientes es un septuagenario lustrador de zapatos quien, gracias a la bondad de los dueños de la casa bajo cuyo portal se am-para, continúa peleando su supervivencia a la vuelta de la misma esquina donde lo hizo durante 50 años, y de donde fue desplazado. El quiosco ubicado al frente, famoso por sus platos de pescado encocado, fue reempla-zado por una pequeña cafetería gourmet. Aunque el gobierno municipal había prometido respetar a los vendedores tradicionales –quienes ofrecían pescado frito, encebollado y jugos de fruta–, el panorama resultante de los nuevos patrones de distribución comercial que favorecen a empresarios medianos es bastante anodino. Las comidas uniformes son otra forma de homogenización del espacio. En el proceso, muchos pequeños empresarios sin capital han sido condenados a los márgenes y han sido convertidos gra-dualmente en vendedores ambulantes o, directamente, en miserables.

Siguiendo la frontera, a cuatro cuadras, se halla Alberto, discapacitado y en sus cincuentas, quien solía vender la lotería y rentar un teléfono en la esquina del principal boulevard de la ciudad. Como los vendedores de lotería fueron confinados, los discapacitados invisibilizados y la telefonía globalizada, Alberto ahora vende antenas de televisión o cualquier otro cachibache mientras sortea a la Policía Municipal cada vez que intenta volver al territorio donde el fluir humano antes le garantizaba un mínimo ingreso diario. Cerca, los cuidadores de autos, también desplazados, dis-putan las propinas con nuevos actores: los guardianes privados que vigilan espacios cada vez menos públicos. Las armas de estos últimos prevalecen momentáneamente, pero al caer de la tarde regresan los indeseables, locos, pordioseros y desprotegidos, a ocupar los portales desolados. De hecho, toman fragmentos de bloques enteros durante los fines de semana, cuando el sol se aleja del paisaje de propaganda.

Las propias calles de la nueva ciudad mueren. Los rótulos de tiendas y establecimientos se ven ahora uniformes, gigantografías o placas ilumina-das reemplazan a la riqueza tipográfica que se veía antes, en rótulos pinta-dos manualmente y con diseños y cromáticas no estandarizados. Ellos han sido borrados, como las decoraciones de los buses. La contaminación sen-sorial está en otros lados. Saturación visual, en los paisajes sobreiluminados de los nuevos paseos y plazas, en la desoladora neutralidad de los lotes de parqueo que empiezan a dominar el espacio al norte de la avenida princi-pal, en el exceso de puestos comerciales, monumentos y juegos de alquiler en el malecón. Contaminación olfativa, en el fuerte aroma a frituras de las cadenas de comida chatarra que invade la atmósfera. Y contaminación auditiva, en el escándalo de algunos bares del simbólico cerro que morti-fican cotidianamente a sus habitantes, así como lo hace el muzak, a todo volúmen, en malecones y parques.

Pregunto al lustrador de zapatos, que dejará su oficio para siempre cuando lo vuelvan a empujar a las nuevas fronteras, si sabe si las palmeras, alguna vez y en algún lugar, brindaron sombra. En un entorno de hume-dad y soles tropicales, con cada vez menos portales y árboles oxigenantes, las palmeras que han sido colocadas masivamente por las administraciones socialcristianas han convertido en el símbolo del carácter contra-ambienta-lista de este contexto urbano y, junto con la marginación social, la unifor-mización del espacio público y la vigilancia de los ciudadanos, constituirán legados mayores de la renovación de la ciudad. En la nueva ecología, la sombra es un derecho perdido para el anciano trabajador con su sabiduría de medio siglo al servicio de la vida en las calles.

Marzo 14, 2007: ruinas de disneylandia. El actual gobierno municipal de Guayaquil no ha dudado en investir simbólicamente a la ciudad con una arqueología de su legado. Esta no nos remite solamente al pasado: refiere también al presente, a esa cualidad viva que se impregna en el de-venir del día a día sobre la materialidad de las cosas. Así, cada poste y cada banca en las zonas renovadas incluyen el nombre del alcalde, y las placas que adornan algunas esquinas están igualmente destinadas a perennizar en la mentalidad de los habitantes la herencia de su patriarcado.

Aquella arqueología oficial, además de violar la prohibición legal de hacer propaganda política mediante la obra pública, añade al deterioro cotidiano el de los propios materiales utilizados para la renovación. De esta manera, el otro sentido de la arqueología, las ruinas, aparece con fuerza para formular sus propios comentarios sobre el presente. El lado oscuro del porcelanato es quizás el más dramático. Basta caminar por cualquie-ra de las veredas de alguna zona renovada para constatar la dinámica de una historia que en su momento fue definida por un editorialista como una «lotería ganada de por vida» por las empresas de mantenimiento y reposición. El alma de maquillaje que inspira la renovación es revelada por los pedazos y fragmentos en los que inevitablemente se convierten las baldosas. La destrucción se explica, por supuesto, por el uso de un material probablemente diseñado para levedad de los interiores y no para el peso del espacio público.

Al calor del cuestionamiento del gobierno central sobre las fuerzas que respaldan este tipo de proyectos, el alcalde declaró en una entrevista en te-levisión que –sonrisas más, palabras menos– aspiraba para el país el modelo democrático de Disneylandia. El Mundo de Disney, por supuesto, construye espacios bajo la lógica del simulacro. Es una máquina autocrática de pro-ducción de felicidad simulada, que asume la falsedad como principio de diversión de los paseantes. La histeria detonada por la discusión acerca de la verdadera representatividad política de las, así llamadas, «fuerzas vivas» responde a que éstas son creaciones acríticas de ciertos medios masivos para justificar las configuraciones de poder que históricamente han controlado la esfera pública en Guayas. El efecto político de ello es la inmovilización de los ciudadanos para exigir redinción de cuentas respecto de la obra pública.

Al reflexionar, entonces, sobre el deterioro de las baldosas y los mode-los que inspiran la gestión pública, uno no puede dejar de pensar en los referentes simbólicos de aquellos que pretenciosamente han definido al modelo de desarrollo urbano de Guayaquil como una «ciudad-Estado». El detalle que generalmente olvidan quienes defienden la obra municipal es que, en Disneylandia, lo que se construye no es ciudadanía, sino apenas vi-sitantes, que los principios democráticos, en Guayaquil y en Disneylandia, terminan cuando se acaba el dinero en el bolsillo. Nadie debe reflexionar sobre ello, solo divertirse.

Septiembre 1, 2005: hasta la vista, peatones. En las zonas renovadas las esquinas reservan ingratas sorpresas para el transeúnte. Éstas a veces provienen de la propia disposición del nuevo sistema de semáforos. En otros casos, jardineras, macetas u otros dispositivos se han sido convertidos en obstáculos para el caminante. Pero los riesgos que enfrentan los peato-nes no derivan tanto de los detalles del diseño como de una concepción es-pacial que tiende a la gradual aniquilación del espacio público. En el nuevo orden de la ciudad, los derechos de los peatones han sido supeditados al del tráfico vehicular o directamente eliminados.

La presencia y la ausencia de ciertos dispositivos llaman a preguntarse por la suerte de los caminantes. A lo largo de la avenida principal, a pocos centímetros de la vía vehicular, fueron instaladas algunas bancas. El peli-gro de su cercanía a los autos se exacerba por el hecho de que la vereda se encuentra prácticamente al mismo nivel que el tráfico. En oposición, la ausencia total de bancas en amplias secciones de las veredas renovadas da cuenta del patrón dominante, que piensa la ciudad en términos de habi-tantes que caminan pero que no deben descansar, ni siquiera en las paradas de los buses, para evitar la apropiación de espacios.

A pesar del gran acierto que constituyen las señales auditivas para dis-capacitados visuales, el sistema de semáforos, supuesto modelo de sofistica-ción tecnológica, radicaliza la discriminación de los peatones. En muchas esquinas el caminante carece de señal alguna para orientar su proceder. Además, salvo excepciones, los semáforos están programados para facilitar el fluir ininterrumpido de vehículos sin contemplar el tiempo necesario para el cruce de los transeúntes. Finalmente, la zona de paso destinada a estos últimos está señalizada de manera caprichosa, confusa, con la clásica línea de zebra interrumpida por adoquines en la mitad de la vía que debe-ría demarcar. Cruzar o no cruzar, ese es el dilema.

Las jardineras, tan necesitadas, han sido dispuestas como ornamentos que muchas veces funcionan como apéndices de proyectos que privilegian el diseño estético o los intereses privados y que complican el libre flujo peatonal. Esto ocurre, por ejemplo, cuando son colocadas como un adorno que elimina abruptamente la vereda y la bloquea por completo. En estos casos, los peatones se ven obligados a caminar directamente por la calle. En otras ocasiones, la vereda se ve supeditada a los intereses privados: las jardineras, colocadas frente a ciertos negocios, interrumpen la calzada, que a veces también queda anulada por el parqueadero de una empresa o un negocio. Los ejemplos sugieren que en el Guayaquil regenerado la vida peatonal ha resultado sistemáticamente degenerada.

Seguridad

Junio 4, 2006: del peso relativo de las almas. Dos balazos a niños son el motivo de esta historia. El primero, un infante trabajador asesinado a sangre fría y a quemarropa por un guardián privado. La segunda, una esco-lar muerta accidentalmente tras un tiroteo entre asaltantes y policías. Am-bas historias reflejan a distintos actores del drama de la seguridad pública en el Guayaquil amurallado y hablan de los diferentes espacios y grados de importancia que la violencia adquiere en la imaginación mediática.

El primer asesinato es de un salvajismo que debería haber generado el cuestionamiento de una política municipal fundamental: la creciente privatización de la seguridad en manos de criminales despiadados en po-tencia. El niño, Ruben Darío, abandonado por su padre, mantenía a su familia trabajando como reciclador de basura en las calles de un barrio marginal. Jugando con sus amigos, robó la chompa de un guardia de una empresa cercana. Al ser descubierto, imploró por perdón por su travesura y devolvió la prenda, pero el guardia clamó venganza como un espectáculo machista y una lección represiva a ser disfrutada por el resto de sus colegas y, frente a los traumatizados amigos del niño, lo mató de un tiro. El caso desapareció de la prensa en un par de semanas.

La segunda muerte fue producto del azar y no del cálculo deliberado. Un comercio atracado por delincuentes. Una bala cruzada entre el tiroteo y la persecución. Un bus escolar parqueado en las inmediaciones. Una niña de clase media, Nathalia, sentada en el lugar y en el momento equivocados. El lugar erróneo, eso parece ser lo más importante: demasiado cerca de la utopía separatista de las elites. La diferencia clave en el tratamiento de los medios radica precisamente en el locus de la violencia: Samborondón, territorio reclamado por las clases altas en su repliegue hacia espacios su-pervigilados y ciudadelas fortaleza. Este caso ha desatado la preocupación de los medios o, para ser más precisos, su agenda más represiva.

Articulistas consternados, cartas de opinión, primeras planas en la prensa escrita, arengas a través de la radio. Velas encendidas en los sets de los noticie-ros televisivos para convocar a una marcha pública. Vela tras vela, sus palestras son ahora verdaderos altares al negocio de la violencia. Anuncian con sangre fría el desfile de las estrellas de la farándula, aunadas esta vez a la familia afec-tada gracias al cinismo que caracteriza el tratamiento mediático. Esta es la segunda marcha pública realizada en tiempos recientes como resultado de la politización del problema de la seguridad pública, orquestada con la venia de las autoridades municipales. En esta ciudad, donde el dolor de quienes son afectados por la delincuencia suele ser explotado eficazmente, hasta las almas de los niños pesan diferente, igual que los despliegues periodísticos que las iluminan o las hacen desaparecer.

Junio 9, 2006: peces fuera del agua. La, así llamada, «marcha blanca» en reclamo de seguridad del 7 de junio dio cabida a múltiples manifesta-ciones y comentarios públicos. Una lectura plana, la mediática, seguirá las líneas del cansancio frente a una delincuencia incontrolada y el avance de las demandas a las autoridades. Hablará de la civilidad guayaquileña, de lo pacífico de la marcha, del carácter «no político» de la misma. Pero la ausencia de figuras políticas no significa que detrás de las etiquetas de la «guayaquileñidad», el «pacifismo» y lo «no político» haya una coincidencia de intereses o de visiones sobre el destino fortificado de la ciudad. Si la marcha revela algo, un dato casi exótico en el Guayaquil contemporáneo, es la existencia, aunque eventual y efímera, de una esfera pública no «rege-nerada». Lejos de presentar una imagen monocromática, la heterogeneidad de agendas es precisamente lo que más se destaca en la marcha de las velas del 7 de junio de 2006.

Una fracción de la transnacional pandillera Latin King, único grupo juvenil no dependiente de una ONG o de una institución educativa pre-sente en la marcha, hicieron un despliegue sobrio de sus emblemáticos símbolos transnacionales. No por su número, más bien un puñado de jó-venes pandilleros, sino por su corporalidad: en una ciudad acostumbrada a las imágenes de blanqueamiento, buena parte de los que desfilaron eran jóvenes de tez oscura que no estaban vestidos con el código de etiqueta blanco de la marcha. Su bandera representa un castillo dorado rodeado por dos leones, quizás una alegoría de su propia ubicación en la marcha: flanqueados por policías, fueron los últimos en desfilar. Su presencia era inquietante no sólo para los curiosos, sino para ellos mismos: intentaban ocultar sus rostros frente a mi cámara, como si estuvieran incómodos por la atención recibida.

«Vamos por buen camino, Sancho, porque los perros ladran». Un an-ciano vestido con un pantalón de baño y gafas para natación. Un pez hippy fuera del agua, pintado su cuerpo con las consignas de amor y paz. Y con megáfono, vociferando todo lo que al discurso represivo de los medios y de la municipalidad se le ha olvidado: que la violencia no es un problema de la delincuencia sino de la falta de empleo y de la corrupción rampante, que una ciudad no es tal mientras sigan expandiéndose las murallas. Un hombre que marchaba solo, un iconoclasta en la tierra del horizonte autoritario.

Las mujeres se encargaron de devolver el tema a la vida cotidiana, a su carácter procesal y no episódico. Su sola presencia revelaba una demanda para quitarle al asunto su carácter de espectáculo político y retomarlo como un hecho que obedece también a las condiciones de género dominantes. Dos mujeres con cartelones hechos a mano: una adolescente con un car-tel cuya consigna subvertía la alegoría oficial de la ciudad, la figura de la estrella de las pancartas oficiales del municipio que, coquetamente, tiende a infantilizar a los ciudadanos, esta vez se veía maniatada por un billete de un dólar y condecorada con la consigna «Más inseguridad», revirtiendo así la propaganda oficial. La otra portaba un cartel donde podía leerse una pregunta esencial: «Sr. Alcalde, ¿de qué sirvió poner seguridad privada si cada día aumenta la delincuencia?». Todas ellas rebasan el silencio que caracteriza a la esfera pública guayaquileña, donde preguntarse sobre po-líticas no represivas tiende a ser visto como algo impensable. El hecho de que hayan sido dos mujeres quienes se animaron a formular estos planteos hace mucho más importante su crítica al discurso machista que se solapa en las estrategias de guerra contra la delincuencia común.

La histeria nacionalista del mundial de fútbol también fue hábilmente criticada por una agrupación de jóvenes de camisetas negras bajo la con-signa: «ratas en el hospital, ratas en el mundial». El Estado y la selección ubicados en el mismo plano: el escándalo de la venta de visas que envolvió a dirigentes del equipo nacional y la negligencia sistemática en un hospital público que le costó la vida a decenas de infantes pobres. Dos grandes vergüenzas aunadas por una masa juvenil que, marginada de la democracia y del sistema de partidos, busca en sus propias agrupaciones la forma de dejar su impronta.

Y, claro, no faltaron los empleados municipales y las asociaciones de turismo. Después de todo, estos dos sectores son probablemente los más preocupados, puesto que su gestión político-empresarial depende del ma-quillaje renovador y de la boyante economía turística de la ciudad. Cerrando la marcha, el barrendero con su uniforme celeste y blanco, los colores de la bandera de Guayaquil, marcado con el nombre de una prisión tercerizada por la magia de las fundaciones paramunicipales, «Limpieza Sector 9 de Octubre». Con su imagen, se borraron los vestigios de una ciudadanía diversa y no autoritaria que apareció durante la marcha.

Agosto 16, 2006: seguridad ciega. El ciego gira sobre sí mismo sin que los paseantes se inmuten. Solo lo miran. El hombre, de mediana edad, dice querer llegar a la avenida principal, pero no encuentra la ayuda necesaria para descubrir una clave que le permita guiar a su destino. No posee un bastón que facilite su propósito. De repente, un guardia privado, de aque-llos que pululan por las calles renovadas, se acerca a la escena y se convierte en un simple curioso más. Mi esperanza se transforma en ira al comprobar que el ciego no encuentra ayuda entre aquellos cuyos sueldos han sido pagados con mis impuestos. En cuanto al resto, no me extraña su desdén. Después de todo, la regeneración ha servido para marcar fronteras y eti-quetas: los desempleados, los pordioseros, los vagabundos, los informales, todos ellos han sido estigmatizados en el intento de apuntalar la lógica turística de la renovación urbana. La palabra clave que no se conjuga en el limitado vocabulario oficial es, precisamente, exclusión.

Tomo al ciego de un brazo, después de que mi reclamo al guardia por su impavidez fuera recibido con silencio, como si su lengua hubiese sido tragada por su silbato. No entiendo: pago para «proteger» las calles a per-sonas sin educación y sin sentido común. Pagan los ciudadanos por las perversiones de la seguridad pública: por la burla, la desidia, la ignorancia y los abusos que constituyen el día a día del espacio público privatizado. Paso a paso, mientras cruzamos la calle, el hombre ciego me cuenta su desventura. Vive de la caridad de los transeúntes y diariamente se traslada a lugares ahora prohibidos para los más necesitados. Su bastón había des-aparecido minutos antes por arte y magia de los propios guardianes, que se lo arrebataron en tono de broma para obstaculizar su tránsito.

Casi al llegar a la avenida principal, a sabiendas de que otra vez podrá ser maltratado salvajemente, privado de la única ayuda con la que conta-ba para moverse en este mundo, una mano amiga surge desde el parque. Ella, su conocida, le brinda algo de sosiego en medio de un desamparo que corroe hasta lo más profundo un espectáculo renovador que siempre se verá contaminado por estos fantasmas. Allí dejo al ciego, paliando con una pizca de solidaridad la locura que le provoca su hambre, la de seres de carne y hueso condenados por una visión sobre la ciudad que privilegia las fronteras y no los puentes entre los ciudadanos.

Ciudadanía

Julio 9, 2006: negro esperanza. Guayaquil, domingo, 07:00 hrs. Los límites entre lo público y lo privado son la enseñanza de hoy en el pro-grama de educación a distancia Aprendamos, el mismo que es emitido semanalmente por televisión en señal abierta. El curso se titula: «Ciuda-danía: una oportunidad para todos». Una pareja de vecinos, marcados como diferentes por su rostro oscurecido por el maquillaje, ha decidido pintar la vereda frente a su casa. Pero nuestros héroes, otra pareja llama-da Justo y Progreso, deciden civilizar a estos dos extraños impidiéndoles que atenten contra el nuevo orden urbano. Para ello, Progreso acude a la puerta de la casa de los infractores. La lección se desarrolla con pupilos cuyas diferencias radican en su piel, en su estilo de hablar y de vestir y en su origen migrante.

Las caras pintadas desnudan el lenguaje racial de la ciudad ficticia de Puerto Esperanza, metáfora didáctica sobre la ciudad de carne y hueso. En los textos que fundamentan este curso, el racismo institucionalizado es suplantado por personajes en distintos tonos de celeste y blanco. Para obviar la referencia a conflictos reales no hay negros ni indios, sí un per-sonaje oscuro –único con pelo ensortijado– de nombre «Caco». Pero este recurso, sencillo de representar en el estilo de las tiras cómicas del libro que sirve de instrumento pedagógico, se ve muy diferente en la televisión, donde el maquillaje traiciona el espíritu neutral y el tono ascético de los materiales textuales.

La performance de la diferencia requiere subrayados adicionales cuando se traduce al lenguaje audiovisual, que, mediante el ejercicio de una antro-pología costumbrista, destaca las diferencias a través del gesto corporal, el lenguaje verbal y la vestimenta. La gestualidad animal y el tono chabacano de hombres y mujeres, y el uso de pañuelos en la cabeza como una referen-cia directa a la población trabajadora migrante, dan cuenta de una estética derivada del estilo de las series y comedias de televisión racistas. Lo oscuro, lo negro, lo indio, lo cholo, lo montubio, conjurados por los artefactos de la ignorancia y el mal gusto. Justo y Progreso, en cambio, son una pareja mestiza y de clase media, a pesar del toquecito gay en sus nombres que podría traicionar el espíritu esencialmente heterosexual de estas historias. A diferencia de los sin nombre, ellos son los naturales e inescrutables por-tavoces de la nueva racionalidad ciudadana.

Bien dicen sus personajes principales al referirse al espacio público: «hay un adentro y un afuera en Puerto Esperanza». El «adentro» y el «afuera» de quienes piensan que la ciudadanía es solo una cuestión de valores indivi-duales, de ejercicio doméstico, curso de autoayuda dictado por «esperan-ceños» de pura cepa, revolución interna que debe ocurrir «adentro», en el alma de campesinos y pobres. Una práctica ciudadana limitada a discutir las mejoras del barrio y no a preguntarse acerca del destino de la ciudad, destino dictado por las elites políticas que han hecho de estas ficciones un instrumento para infantilizar efectivamente a los ciudadanos del Gua-yaquil contemporáneo, aquellos que pagan sus impuestos para que estos materiales didácticos lleguen gratuitamente, y con el aplauso del Estado, a sus manos.

Agosto 22 de 2007: a sangre fría. Es fácil prometer «morir por Guaya-quil» como ejercicio melodramático para las masas en tiempos de celebra-ciones populares y elecciones. Es cínico hacerlo mientras se promueve una consulta en la que, tras haber flirteado con la pena de muerte, finalmente se han contentado con la cadena perpetua. Es decisivo saber que detrás de ella están, entre otros, el Partido Social Cristiano y la Iglesia Católica. Cris-tiano más católico significa, en estos días de infatigable trabajo por frenar todo intento de cambio, por simbólico que éste fuere, más condenas y más muerte. La propuesta de consulta que ha sido encabezada por el alcalde Nebot en su intento por consolidar un frente de oposición al gobierno de Rafael Correa se ha puesto en marcha, ahora, con el apoyo de varios municipios filiales.

Que el Arzobispado de Guayaquil, léase el Opus Dei, esté detrás de todo esto no sorprende. Después de todo, Guayaquil ha sido el bastión de las marchas colegiales contra el aborto y la píldora del día después. Como la Iglesia Católica ha ido perdiendo espacio frente a otras religiones, hoy se encuentra de campaña de puerta en puerta en busca de fieles. Parece evidente que parte de las deserciones del campamento católico se explican por la constante alineación de sus máximas autoridades eclesiales con las fuerzas elitarias que se encuentran detrás de la renovación urbana.

La campaña liderada por al alcade tiene, entre otros, tres componentes centrales: la ampliación de condenas, la prohibición del aborto y la defensa de la dolarización. La primera se construye en base a la manipulación política del miedo ciudadano a la inseguridad. Una y otra vez, durante los últimos años, Nebot ha politizado el tema, llevándolo al punto de capitalizar al-gunas manifestaciones callejeras con la finalidad de avanzar una agenda más represiva en Guayaquil. Acostumbrado a sentar al presidente de turno para hacerlo firmar las iniciativas más descabelladas, como la concesión del control de calles públicas a compañías privadas de seguridad, la consecuen-cia más clara de la manipulación del miedo y la desgracia ciudadana por parte de su tienda política fue la inclusión como candidato a la Asamblea Constituyente a una víctima, el padre de una niña asesinada cuyo único pensamiento político fue el clamor por la pena de muerte.

La prohibición del aborto es un tema persistente a pesar de las ci-fras devastadoras de embarazo no deseado, especialmente entre mujeres adolescentes. La Iglesia, y sobre todo algunos sectores del Opus Dei con conexiones con el Partido Social Cristiano, que son los primeros en abo-gar por una menor presencia del Estado en la vida social, encuentran un límite a su ideología cuando del cuerpo de las mujeres se trata. Pregonan la más pura ignorancia como receta mágica justamente en la provincia que registra los mayores niveles de SIDA. La prohibición del aborto equivale, en estas condiciones, a una mayor descomposición familiar por la falta de educación anticonceptiva y, dada la expansión epidémica del SIDA, a más muerte.

La propuesta de consulta popular cuya cabeza parlante es el propio alcalde juega también con el miedo a la desdolarización. El dólar es la ban-dera que mejor aúna sus intereses y la que cobija a los sectores industriales y comerciales que están detrás de esta iniciativa. Una historia de la dolari-zación en Ecuador nos lleva también a la muerte como su punto de origen: la de los defraudados que literalmente se suicidaron, la de las esperanzas de los depositantes comunes y corrientes, la de la soberanía monetaria de un país, la de un sistema judicial que se ha probado hasta ahora incapaz de juzgar a sus responsables principales. La consulta popular que promueven, cuyo principal móvil fue intentar tergiversar el sentido de las elecciones para la Asamblea Constituyente y lograr obtener votos con el engaño, con-tinúa pues subida al tren de la muerte.

Para utilizar el lenguaje de la Alcaldía: más consultas, más manipulación política, más represión, más miedo, más abortos ilegales, más ignorancia sobre la sexualidad, más SIDA… a sangre fría y por un voto.

Exclusión

Octubre 4 de 2006: los nuevos esclavos del porcelanato. La regenera-ción urbana, según la propaganda del Municipio de Guayaquil, ha gene-rado miles y miles de empleos. La capacidad reproductora y redistributiva de la riqueza así asignada oficialmente a este proceso se postula como una bandera reivindicativa (y electorera) de la gestión municipal a la hora de cambiar la cara de la ciudad y de ampliar las bondades de la renovación directamente hacia masas poblacionales marginadas. La idea básica es que obreros guayaquileños trabajan pujantemente en las transformaciones es-paciales y arquitectónicas de las cuales el conjunto de la ciudadanía goza en la actualidad. Detrás de esta fachada democratizante de la infraestruc-tura humana que vehiculiza la regeneración, sin embargo, quedan flotando muchas preguntas básicas sobre la calidad de las condiciones de trabajo vinculadas a la fuerza laboral que consume, literalmente, sus días en la ejecución de las obras requeridas por la renovación.

La regeneración urbana es una maquinaria que fundamenta su opera-ción en la tercerización de las obras municipales. De hecho, esta estrategia es promulgada como un ejemplo de la eficiencia del sistema de funda-ciones privadas que –aunque hacen uso de fondos públicos en base a la canalización de los impuestos de los ciudadanos y de concesiones munici-pales– tienen a cargo distintos aspectos de la renovación: desde la trans-formación espacial, hasta la vigilancia de los espacios semipúblicos creados. La tercerización de la mano de obra en el país, por supuesto, no es más que una forma de evadir las responsabilidades mínimas con los trabajadores y de, además, sacarle ventaja al fisco al no pagar compensaciones salariales. Estos mecanismos son bien conocidos, y, de hecho, se hallan sometidos a reconsideración precisamente para evitar las perversiones derivadas de una visión destinada a desproteger a la clase trabajadora de cualquier tipo de beneficio. La lógica dominante es la más sanguinaria: mientras más barata la mano de obra y menos beneficios de ley le correspondan, mejor para la clase empresarial. Lo propio es aplicable para buena parte de las formas de contratación manejadas por las fundaciones paramunicipales, y así lo han reconocido campantemente por la prensa algunos de sus funcionarios. Así es que cierto es que la renovación genera empleo, pero también es cierto que lo hace, generalmente, en base a las formas de explotación más descarnadas. La otra cara de la renovación, por lo tanto, es precisamente el exterminio sistemático de la clase trabajadora en base a prácticas de contratación deshumanizantes.

¿Debería la renovación urbana, en tanto obra municipal, tener algún tipo de responsabilidad moral frente a ello? ¿Tiene el Municipio una res-ponsabilidad social respecto del tipo de empleo que genera? Las respuestas en ambos casos son afirmativas. No basta con hacer obra visible y de dotar una cara turística a la ciudad cuando la arqueología que no se menciona está compuesta por la osamenta de futuros fantasmas cuyas vidas de traba-jadores no fueron precisamente dignas gracias a las magias evasivas de las fundaciones que los contrataron. Basta pasar por los lugares donde tienen lugar algunos de los trabajos para constatar que, muchas veces, parecería haber hasta menores de edad contratados por las compañías tercerizadoras. La mayor parte de quienes se encargan de tareas de reestructuración de las calles y avenidas parecen hallarse desprovistos de las mínimas condiciones de seguridad industrial requeridas para el feliz cumplimiento de sus tareas. No cuentan ni con mascarillas, ni con gafas protectoras, muchas veces ni cascos, ni amarras, ni botas para la prevención de accidentes. Expuestos al polvo y al sol inclemente, estos trabajadores son la viva expresión de prácticas de contratación condenables. No sorprende, entonces, que en la construcción de los túneles de San Eduardo, por ejemplo, cuando los residentes de la zona fueran ofrecidos un salario de ocho dólares diarios para trabajar en ese proyecto como una supuesta forma de compensación a la comunidad inmediata por los incovenientes causados por la construc-ción de un proyecto de gran magnitud, hayan preferido mayoritariamente rechazarlo, tal como lo revela la propia prensa.

En cualquier ciudad que se precie de tener una administración de-mocrática, los valores de la defensa de las condiciones mínimas laborales debería ser una prioridad, algo a ser supervigilado por el propio Muni-cipio. Esa es su responsabilidad. La obra pública no puede ser una obra fundamentada en prácticas explotativas y, a la larga, inmorales. Las fun-daciones que la ejecutan, claramente, se lavan todos los días las manos. El único problema es que, primero, lo hacen con vidas humanas y, segundo, con dineros de nuestro bolsillo… Ocho dólares diarios, uno más, uno menos, es el nuevo salario de la esclavitud, la paga para los obreros del porcelanato. Miles y miles de obreros, miles y miles de empleos… miles y miles de vidas.

Enero 10 de 2007: adiós, cultura. En el año 2000 fui invitado a una conferencia internacional realizada en Morelia, México, organizada por la mayor fundación privada en antropología en el mundo. Los dieciséis invi-tados representábamos las distintas ramas de esta disciplina: habían desde quienes pasaban sus días investigando entre comunidades de chimpancés y gorilas hasta los que, viniendo de la antropología social, hacíamos lo mis-mo pero entre conglomerados urbanos de mayor o menor complejidad. Lingüistas, cognitivos, simbolistas, arqueólogos. Todos fuimos convocados con una sola tarea en mente: ¿qué hacer con el concepto de «cultura»?, un concepto que, habiendo nacido con una agenda democratizante en directa oposición a los argumentos racistas del esclavismo, se había convertido, a finales del siglo xx y principios del xxi, en un vehículo discursivo privi-legiado para justificar discriminaciones de toda índole, prácticas xenófo-bas y hasta genocidios. Nociones tales como «cultura de la pobreza», por ejemplo, habían terminado cumpliendo una función estigmatizante de los estratos populares, y la de «pureza cultural» había movilizado prácticas de masivo exterminio entre los Balcanes, mientras musulmanes e hinduistas atentaban entre sí en India debido a sus «diferencias culturales», entre otros macabros ejemplos.

Las conclusiones de la conferencia no fueron uniformes –como un debate responsable y respetuoso merece– y, sí, enormemente sugerentes: quienes trabajaban con restos materiales y entre altos primates abogaron por continuar usando el concepto de «cultura» para explicar variaciones evolutivas y comportamientos diferenciales bajo condiciones ecológicas similares. Los que nos inclinamos por la abolición del mismo, pusimos sobre el tapete la perversidad de sus usos públicos y la tendencia a cosificar y brindar ilusiones monolíticas a formas sociales internamente conflictivas y diversas. «Adiós, cultura» fue el emblema al cual gradualmente fuimos suscribiéndonos, dejando de lado en la práctica una noción central que había servido desde los inicios de la antropología para diferenciar lo espe-cíficamente humano.

Me he extendido en estos antecedentes solamente para develar las per-versiones que esconden los llamados a la defensa de «la cultura» formulada por intelectuales públicos en Guayaquil que se han dedicado a defender un solo sentido en esta palabra, ciertamente el más conservador, y una agen-da política que le correspondería de forma equivalente. De hecho, está al orden del día entre ciertos de ellos el estigmatizar y desprestigiar a quienes defendemos un sentido democrático de la esfera pública, entendida ésta como el resultado de la confrontación de ideas y proyectos. Calificativos tales como «teóricos extremistas», dignos de mi íntimo regocijo, son, no obstante, y más allá del folklore del debate aldeano, motivos de este co-mentario.

En un ambiente que carece de programas académicos en ciencias socia-les, no sorprende la estancia anti-teórica que aquí se destila, la cual, a su vez, explica que algunos de estos intelectuales manejen concepciones de-cimonónicas sobre «cultura». A ellos parece molestarles la formación aca-démica porque se ven intimidados por la actualización de las ideas, quizás porque saben que es fácil derruir un monumento pero no así a aquellas. Temerosos del cambio porque cualquier transformación del status quo pa-rece apestarles, responden no con argumentos sino con ofensas. Lo del «extremismo» anexado a la teoría, en este contexto, se explica como coro-lario de los temores que los aviva en estos días como efecto de anuncios gubernamentales sobre el manejo cultural y la suerte del Banco Central. Sorpresa de sorpresas, la estrategia clásica de desprestigio se corona con la calificación completa: «teóricos extremistas antiguayaquileños». La teoría y dos formas de atentados suman tres componentes que, una vez precisa-mente conjugados, sirven para apelar a las afiliaciones emocionales contra el ogro centralista, igualmente útiles para validar al interior de la ciudad un proyecto de constitución de ciudadanos devotos y sumisos.

Así, el mínimo sentido de disenso es sancionado como atentatorio a la identidad cultural de quienes habitamos en esta ciudad. Como si hubiera una sola forma de interpretarla y como si la agenda de la versión elitaria que sus cabezas parlantes defienden fuera la única posible. La «guayaquile-ñidad» como construcción monolítica y conservadora respecto del manejo cultural en la actualidad existe solamente en las fantasiosas mentes de quie-nes son sus principales beneficiarios, y, efectivamente debería ser del Estado propender a que la gestión cultural trabaje en el rescate de la diversidad en las ciudades y de las diferentes versiones que componen lo que llamamos Guayaquil, no solamente aquella impuesta por la historia de héroes y de patricios, y de los parásitos contemporáneos del propio Estado.

Sería más cómodo pensar que me hallo en un equívoco y que discutir todo esto tiene relevancia solo para los «teóricos extremistas antiguayaqui-leños», los «imaginativos teorizantes» y los «noveles ambiciosos de apetitos burocráticos y centralistas». Gracias por lo de «noveles», por cierto, su mejor alabanza. O, quizás, debería seguir el ejemplo de nuestros indignados co-legas: aplaudir la gestión de las autoridades que alaban, participar de con-decoraciones y homenajes, y salir con mi mejor sonrisa en todas las fotos de la sección de sociales. Esa, sí, es una tradición en el medio fomentada exitosamente por el poder local y sus burócratas. Mis razones para no unir-me a los festejos, claro, no radican solamente en la teoría sino en conocer al ogro estatal desde tan adentro como la conocen ustedes, ahora acusadores, pero también beneficiarios de siempre. Ojalá la siguiente ronda me brinde el placer de escuchar alguna idea y no solamente lacrimosas arengas, para confirmar mi presunción de que podrán ser nada «noveles», pero no poco imaginativos, ni tan poco teorizantes.

Noviembre 14 de 2007: la alegría del odio. Las vallas publicitarias y la bandera de la ciudad se han convertido en dispositivos para airear men-sajes políticos desde las elites y el poder local. Más allá de la coyuntura electoral, cuando los candidatos de diversas tendencias hacen uso de estos medios, se podría convenir en que ellas han servido como inertes portavo-ces de los aspectos más deleznables de las nociones dominantes de la, así llamada, «guayaquileñidad». Disfrazadas las campañas publicitarias como un servicio cívico, hemos visto emerger en cuestión de meses las siguientes consignas: «¡Sí es con Guayaquil, es conmigo!», genial creación del propio Alcalde Nebot para avanzar en su agenda de la privatización de lo público; «¡Guayaquil embanderado, Guayaquil bien parado!», creativo emblema de la –ahora Vieja– Junta Cívica; y, la recientísima perla –que durara un día eregida– «Este es el rostro del odio al Guayas», decorada con la cara del di-putado Bolívar Castillo. La satisfacción expresa del Alcalde respecto de este último recurso debe enmarcarse apropiadamente para entender la alegría que engendra, en ciertas autoridades, el odio.

Las dos primeras sirvieron como piropeos entre sectores del poder local para crear la fantasía de un ataque premeditado contra la ciudad y sus due-ños en particular, que incluyen, dicho sea de paso, a las propias compañías que tienen el control sobre la propaganda en las vallas. La última, va un paso más allá al aludir directamente a quien se considera como un respon-sable directo de los «ataques» contra la provincia del Guayas. Esta valla fue removida un día despúes de su elección, la misma que tuvo una gran cobertura mediática. El mencionado diputado Castillo, uno de aquellos votantes por la nueva división administrativa que diera lugar a la Provincia de Santa Elena, tiene algunos méritos, entre ellos, el de haber organizado un municipio ponderado como eficiente y ecológicamente de avanzada precisamente donde la presencia del Estado ha sido pobre cuando no di-rectamente ausente: la ciudad de Loja, al extremo sur del país. Su tesis sobre la territorialización es sensata: la redistribución administrativa para manejar el país más equitativamente desarrollando para ello un conjunto de ciudades intermedias que rompa el esquema bipolar de desarrollo eco-nómico y urbano (y los acomplejados, pelucones y aniñados regionalismos derivados de ambos).

Castillo, quien ha ofrecido entablar un juicio contra el inefable autor de esta cobardía, no pudo llegar a Guayaquil con ese propósito puesto que sería recibido con una turba de sensibles ciudadanos, de aquellos que han optado por boicotear la economía peninsular en un despliegue de activis-mo que, seguramente, encontrará su límite tan pronto empiece la tem-porada playera. Además de enviar cartas a diarios y mensajes electrónicos afirmando, muchas veces, un sentido xenófobo que acompaña a la idea de superioridad que nutrió la relación entre Guayaquil y la Península, empe-zaron a circular hojas volantes con una reproducción de la imagen de la valla: Castillo y «Este es el rostro del odio al Guayas». Amén de que la au-torización para el despliegue de la valla provino del propio Municipio, y de que su autoría ha sido atribuida a la de alguien identificado con la tienda partidista más demagógica del momento, vale recordar que la estigmati-zación de los opositores y la división de los ciudadanos entre «amigos» y «enemigos», es una tradición de larga data, la misma que se remonta por lo menos a la época del ex-presidente Febres Cordero en los ochentas, cuando una «placa de la infamia» fuera dedicada a periodistas y políticos opositores a su régimen, y eregida a la manera de monumento.

El «rostro del odio al Guayas» es múltiple y es endógeno. De hecho, debería vérselo también entre algunos de sus propios ídolos políticos, y, más concretamente, en la figura de las máximas autoridades provinciales. El Prefecto, máxima autoridad elegida provincialmente, por ejemplo, os-tenta el récord de reelecciones entre todos los políticos de este país desde el retorno a la democracia en 1979. Cuatro periodos para un total, a cumplirse este año, de 16 años en dicha oficina pública. Es notable que la emergencia peninsular fue una respuesta a un sentimiento de abandono que se desarrollara paralelamente al auge renovador en Guayaquil. Amén del bombardeo mediático por los medios masivos que la Prefectura ha hecho desde la movilización peninsular para sugerir que ha habido una repartición equitativa de los fondos públicos, es evidente que la reactiva-ción económica del puerto dependió, por lo menos en significativa parte, de una balanza desigual que favoreció a los intereses de su Alcaldía antes que al resto de la provincia en una suerte de feliz pacto socialcristiano que advierte su posible fin en las próximas elecciones seccionales.

Desde el establecimiento de «placas de la infamia», la intolerancia ha sido un arte socialcristiano, siempre bendecido, dicho sea de paso, por la Santa Iglesia. Y vallas como las del «rostro del odio», la encarnación actual de su proverbial desprecio a las ideas diversas, da cuenta de que éste ha sido una cualidad fomentada internamente, estableciendo reglas de admisión al espacio público, mediante el desprecio a las minorías, a través del lenguaje racial de las «marchas blancas», y bajo la descalificación de los opositores como «enemigos» de Guayaquil o del Guayas. El panorama electoral más reciente dio cuenta de la dimensión del cataclisma que remueve al otrora feliz pacto de la intolerancia socialcristiana. No creo que su erradicación y derrota sean inminentes, ciertamente no en Guayaquil, gran beneficia-rio de la distribución centralizante en la antigua economía provincial. De aquella que vió en un modelo de desarrollo (el de una ciudad desarraigada de su conexión con el resto de la región) la clave de su éxito.

El rostro del reciente colapso político de ese Guayas tiene, pues, un referente preciso: la de los negocios públicos corporativos y centralizados en el desarrollo de una ciudad fuera de su contexto regional más cercano. A este tipo de desarrollo, le corresponde una patética imagen: la de los malecones clonados de la renovación urbana en pueblitos costeros como Anconcito o Ayangue, con sus tres palmeras deshilachadas y la docena de faroles sobreiluminados, una triste premonición de lo que le espera, ahora, a Playas. Ese es el rostro del odio al Guayas: de aquellas formas de desa-rrollo que vieron en la Península solamente la mala copia de una de por sí mala copia de Miami, su traspatio, y el basurero de los fines de semana. Los «odiadores de Guayaquil», ganarían viéndose, primero, en el reflejo de si mismos, allí encontrarán los motivos de la alegría del Alcalde y de aque-llos que, operando como estaciones repetidoras y financistas, se dedican a vocear el simplista vocabulario de la venganza.

Debate

Octubre 25 de 2006: de la esfera pública. Una ciudad es tal en la medida que existan una esfera de debate sobre el destino de la misma y los mecanismos que tiendan a fomentar el cruce de ideas y proyectos entre diferentes partes. El respeto a las diferencias entre tales ideas y proyectos debe ser el emblema de una ciudad heterogénea donde los ciudadanos ejer-zan efectivamente el poder de la palabra, el derecho a ser oídos de manera balanceada en los medios, y el deber de pensar y repensar las consecuencias de los grandes procesos que afectarán cualitativamente y a largo plazo el futuro de una ciudad.

Hay muchas formas de restringir, anular o aniquilar la esfera pública. Y este es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Desde la política, el asumir una posición de defensa acompañada de una estrate-gia agresiva para aplacar a quienes cuestionan ciertas prácticas de gestión es preferida a la hora de apuntalar formas autoritarias de hacer política. Desde el poder local, la ausencia de mecanismos inclusivos y el diseño de proyectos masivos sin participación de las poblaciones directamente afectadas, son mecanismos que restringen en la práctica la capacidad de cuestionar, imaginar y repensar los futuros posibles de un conglomerado urbano. Desde las formas de construcción de consensos, el privilegiar una visión corporativa de la ciudad termina integrando al proceso de toma de decisiones solamente a los sectores empresariales y a las pocas instancias de la sociedad civil que coinciden con intereses económicos afines. Luego se develan los proyectos y se los impone desde arriba sobre los ciudadanos. Así, por ejemplo, se privilegia la construcción de una imagen turística an-tes que la solución de problemas sustanciales de la infraestructura urbana y que conllevan la creciente polarización espacial con sus consecuencias de miseria, violencia y marginación.

Desde los medios de comunicación, si bien estos airean periódicamente denuncias en sus secciones de opinión pública, el principal síntoma de la degradación del debate se expresa en la parcialización de las perspectivas que se retratan sobre la condición urbana y su futuro, y, en el peor de los casos, la censura. El resultado, en ambos, es la imposición de un con-senso que no necesariamente coincide con la opinión de diversos sectores ciudadanos. Los mecanismos que operan para la construcción efectiva de las ilusiones del consenso pueden ser tanto grotescos como sutiles. La propaganda de la obra municipal, por ejemplo, puede dejar de fluir hacia los medios que incluyen voces y visiones críticas frente a la gestión de las autoridades locales. Los editores pueden elegir estratégicamente entre los colaboradores que gestan opinión pública para dejar al espíritu crítico como algo marginal y casi exótico, una concesión, una dádiva para quie-nes opinan diferente al tono celebratorio oficial. Los reporteros estrella pueden diluir su ímpetu crítico con sonrisas que generan adhesiones y fa-miliaridades con los administradores locales. Las noticias pueden recoger los procesos de transformación espacial en un tono mayormente festivo, sin escarbar en las consecuencias sociológicas que ocultan las superficies brillantes.
Finalmente, desde la ciudadanía, la esfera pública se anula mediante las prácticas de autocensura. La crítica se queda en los círculos tradicional-mente consagrados al rumor y al chisme, a las conversaciones privadas y limitadas al espacio doméstico. El miedo encarnado en los ciudadanos y su disciplina de silencio, sin embargo, no es el resultado de la aplicación com-pulsiva de prácticas represivas. Es el producto de una concepción sobre la democracia que delega totalmente en las autoridades la decisión sobre el destino y el progreso. Es una ciudadanía infantilizada que no asume su responsabilidad en defender los espacios de debate, ni tampoco considera a la capacidad de crítica y discusión una parte esencial al ejercicio ciudadano y a la calidad de vida en un conglomerado urbano.

Este es un camino de doble vía. Para imaginar una ciudad diversa hay que recordar que una sociedad abierta es aquella que cuenta con una esfera pública de debate y no aquella que solamente calla y aplaude. Por ello, la propaganda municipal no puede suplantar a una verdadera educación cívi-ca. Una ciudad es, también, un espacio y un ejercicio de imaginación que debe ser cuidadosamente preservado para evitar la gradual aniquilación de aquellos ámbitos que ameritan la discusión de la cuestión pública. En definitiva, una ciudad es tal cuando sus habitantes se expresan y los medios protegen su ejercicio informado del habla, no cuando lo aplacan sutil o groseramente puesto que una ciudad sin esfera pública es cualquier cosa, menos ciudad.

Xavier andrade. Antropólogo que trabaja sobre renovación urbana y econo-mías visuales, temas sobre los cuales ha publicado en revistas especializadas. Profesor asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador. Este artículo ensambla una serie de editoriales transmitidos semanalmente por Radio Tropicana desde agosto de 2006. Una versión más corta y modiﬁcada del mismo apareció en Nueva Sociedad 212, noviembre-diciembre 2007. Actualmente, Andrade trabaja en la edición de una compilación de sus etnografías sobre Guayaquil, a publicarse en 2008.

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Diarios de Guayaquil: Ciudad Privatizada Xavier Andrade